La situación a la que se enfrenta la sociedad como consecuencia de la pandemia de COVID-19 está haciendo que las autoridades tomen decisiones para hacer frente al impacto en muchos ámbitos. Entre estas acciones, algunos ayuntamientos adoptan medidas extraordinarias en materia tributaria.
Por ejemplo, el Ayuntamiento de Cuenca ha emitido un decreto que incluye medidas como ampliar el vencimiento de aplazamientos, fraccionamientos, requerimientos y otras diligencias hasta el 30 de abril. Además, se extiende el plazo de pago de algunos impuestos que se encontraban en periodo de liquidación voluntaria, no se iniciarán procesos de embargos y se suspende la tasa por ocupación de la vía pública.
En Toledo, también se han suspendido plazos y se ha modificado el calendario tributario. Esta última medida también se ha tomado en Cieza, donde, además, se han aplazado tres meses las “liquidaciones de ingreso de derecho público”cuyos vencimientos sean efectivos en el periodo de estado de alarma
Por su parte, la concejalía de Actividad Económica y Hacienda de Madrid ha suspendido o interrumpido los plazos de determinados procedimientos tributarios municipales.
En Oviedo, se ha eliminado temporalmente el pago de la ordenanza reguladora del aparcamiento (también lo han hecho otras localidades como Murcia o Valladolid) y en Barcelona no se cobrará la tasa de terrazas ni el precio público de la recogida de residuos comerciales e industriales.
En Valencia, se suspende durante un tiempo el pago de algunos impuestos y se ha eliminado temporalmente la tasa de mesas y sillas. También en Alicante se ha aplazado el inicio del periodo voluntario del IBI y la tasa de basura.
El Ayuntamiento de Mérida ha acordado con la empresa Aqualia la posibilidad de devolver el recibo del agua sin coste alguno para aquellas personas o empresas que no puedan hacer frente. Además, aplaza el pago del IBI y el IAE.
Asimismo, el gobierno de Nerja ha decidido no emitir nuevas liquidaciones de tributos mientras dure esta situación
Son solo algunos ejemplos de Ayuntamientos que adoptan medidas extraordinarias en materia tributaria por el COVID-19 para limitar los efectos económicos del estado de alerta entre sus ciudadanos.