Una de las vías de financiación con la que cuentan los ayuntamientos en España es la participación en un porcentaje de lo que recauda el Estado central por determinados impuestos. Además, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales les permite obtener recursos a través de los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado, los tributos propios, las subvenciones, los precios públicos, el resultado de las operaciones de crédito, las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias y por otras prestaciones de derecho público.

El origen de la participación de los entes locales en los impuestos de carácter estatal tiene su origen en el artículo 142 de la Constitución Española que dice textualmente: “Las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas”.

Nuevamente la Ley Reguladora de las Haciendas Locales es la que define la forma en la que los municipios participan de esta recaudación. Para ello, hace dos grupos: aquellos que son capital de provincia o de comunidad autónoma o que tengan una población superior a los 75.000 habitantes y el resto. Los primeros reciben ingresos a través de un modelo de cesión, mientras que los segundos lo hacen mediante un sistema de variables.

 

Modelo de cesión de rendimientos recaudatorios de impuestos estatales

Los municipios afectos a este modelo tienen dos vías de financiación:

  • Un porcentaje de la recaudación de IRPF (2,1336%), IVA (2,3266%) e impuestos especiales (2,9220%). A lo largo de 2017, se han programado 12 entregas mensuales a cuenta que se liquidarán en 2019 con la diferencia entre la cesión definitiva que resulte y el importe de las entregas a cuenta transferido. El montante inicial de esta cesión se basa en la subvención del año anterior, incrementada en el índice de evolución de la recaudación. Siguiendo con esta planificación temporal, en 2017 se transferirá la liquidación definitiva del ejercicio 2015. Además, se ha anunciado que se regularizará la liquidación definitiva de 2014 una vez que se ha revisado la recaudación por el impuesto sobre ventas de minoristas de determinados hidrocarburos. Esto supondrá una transferencia de 78 millones de euros adicionales.
  • Participación en el Fondo Complementario de Financiación. La cifra que corresponde a cada municipio se obtiene de multiplicar la aportación en el año base por el incremento que experimente los ingresos tributarios del Estado entre el año base y el actual. En este caso, también se transfieren 12 entregas mensuales a cuenta que se liquidarán en 2019 en base a todos los datos necesarios. La propuesta de Presupuestos Generales del Estado de 2017 cifran el montante total de estas transferencias en 6.002 millones de euros para municipios y 5.050 millones de euros para las provincias.

 

Modelo de reparto por variables

El sistema de reparto por variables es el que afecta a todos aquellos municipios que no están incluidos en el modelo de cesión, es decir, los que ni son capital de provincia a comunidad ni tienen menos de 75.000 habitantes.

En este caso, el importe de la participación anual en los tributos del Estado también se determina multiplicando la participación en el año anterior por el incremento que experimenten los ingresos tributarios del Estado. Esta aportación se hará igualmente en 12 entregas mensuales a cuenta que se liquidarán en 2019.

El montante total que se obtiene de la multiplicación anterior se distribuye entre los municipios siguiendo estos criterios:

  • El 75% de forma proporcional a la población de derecho de cada municipio, que será ponderado mediante un coeficiente relacionado con el estrato de población al que pertenezca. Un 1 hasta 5.000 habitantes, un 1,17 de 5.001 a 20.000, un 1,3 de 20.001 a 50.000 y un 1,4 para los de más de 50.000 habitantes.
  • El 12,5% se distribuye con arreglo al esfuerzo fiscal medio por habitante correspondiente a 2015.

 

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2017

El pasado 31 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó remitir a las Cortes Generales el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017. Comienza ahora un periodo de debate que debería concluir con la aprobación definitiva de las cuentas públicas.

El Gobierno asegura haber sido prudente en las previsiones que han servido de base para elaborar el presupuesto al estimar que el PIB crecerá un 2,5% este año y que la tasa de paso descienda hasta el 17,5%. También ha remarcado que el conjunto de las Administraciones Públicas deben cumplir con el objetivo de definir del 3,1% del PIB (los datos de cierre de 2016 sitúan el déficit en el 4,3%).

Las grandes cifras de los Presupuestos reflejan unos ingresos no financieros, después de la cesión a los entes territoriales, de 133.055 millones de euros. Por su parte, los ingresos tributarios antes de la cesión alcanzarán los 200.963 millones, un 7,9% más respecto a lo recaudado en 2016.

Por otro lado, los gastos no financieros ascienden a 54.674 millones de euros, 3.490 millones menos que en el ejercicio anterior.

Las cuentas del Estado incluyen dos tipos de transferencias de gastos a los entes territoriales. Por una lado, las que resultan de la aplicación de los sistemas de financiación vigentes y, por otro, las que se derivan de convenios y acuerdos para participar en la financiación de bienes o servicios públicos prestados por las administraciones más cercanas.

En concreto, los presupuestos de 2017 contemplan unas transferencias corrientes y de capital de 40.861 millones de euros, lo que representa un aumento del 0,8%. De este montante total, el 59,1% corresponde a transferencias a las comunidades autónomas (24.149,42 millones), mientras que el resto está destinado a las entidades locales (16.711,29 millones).

Y mientras, la comisión encargada de emitir una propuesta para modificar el actual modelo de financiación local sigue su trabajo que se deberá materializar en un informe este verano.