La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha anunciado que tiene conocimiento de que Hacienda ya dispone de una propuesta de modificación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana basada en las alternativas remitidas por la Federación a comienzos del mes de junio.

Por este motivo, la Junta de Gobierno de la FEMP celebrada el pasado día 18 de julio ha instado al Ejecutivo a que la tramite con la máxima celeridad para “despejar la inseguridad jurídica y adecuar con rapidez la nueva normativa a la sentencia del Tribunal Constitucional”.

 

Las propuestas de la FEMP

La Federación Española de Municipios y Provincias remitió el pasado mes al Gobierno su propuesta de modificación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana después de que el Tribunal Constitucional anulase algunos preceptos de la vigente normativa e instase al legislador a llevar a cabo “las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto”.

En concreto, la FEMP hizo llegar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un documento con dos alternativas. La primera de ellas, se centra en establecer criterios objetivos para calcular la base liquidable que estén vinculados a la evolución real del mercado inmobiliario. En la práctica, sería el Catastro quien elaboraría un índice anual que reflejase la evolución del valor de los sueles de naturaleza urbana y que se emplearía como coeficiente para determinar la base imponible.

Además, abogaban por que no queden exentas del pago del impuesto las plusvalías inferiores a un año.

La otra alternativa propuesta se apoya en sustituir la actual base objetiva por nuevos criterios que tengan en cuenta la capacidad económica real del sujeto pasivo. Con este nuevo sistema, en el cálculo se tendría en cuenta el incremento real del valor del inmueble mediante la diferencia ente el “valor de transmisión” menos el “valor de adquisición”. En la operación se incluiría tanto el valor de la construcción como el del suelo, y se extendería también a los inmuebles rústicos.

En esta segunda proposición también se pide el cobro de las plusvalías que se generasen dentro de un año y la deducción en los impuestos estales de la cuota abonada para evitar una doble imposición.

 

Otras demandas

Además de las dos propuestas, la FEMP hizo llegar al ministerio que dirige Cristobal Montoro tres demandas:

  • Compensar a los ayuntamientos que a la fecha de publicación de la sentencia tengan aprobado el impuesto por la pérdida de recaudación derivada de la aplicación de la misma.

  • Solicitar al Ministerio de Hacienda y Función Pública que emita una nota aclarando el procedimiento de actuación que deben seguir los ayuntamientos hasta que se aprueba definitivamente la reforma del impuesto.

  • Solicitar la creación de un grupo de trabajo formado por representantes del Gobierno central y de la Federación Española de Municipios y Provincias para abordar tanto la reforma del impuesto como la compensación de la pérdida de recaudación.