La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha dado el visto bueno a la propuesta remitida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para modificar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, las conocidas plusvalías, siguiendo las directrices de la sentencia del Tribunal Constitucional del mes de junio de 2017.

Aunque ni la FEMP ni el Gobierno han avanzado el contenido de la proposición, parte de su alcance se ha conocido a través de diversos medios de comunicación que han tenido acceso al proyecto de ley.

Según El País, la nueva normativa será presentada en breve e incluirá “un nuevo supuesto de no sujeción para los casos en que el sujeto pasivo acredite que no ha obtenido un incremento del valor”. Recae, por tanto, en la persona que debe pagar el impuesto demostrar que no ha obtenido beneficio, para lo que podrá valerse de las escrituras de compra-venta, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales o el de actos jurídicos documentados.

Además, el nuevo texto legal hará referencia a unos coeficientes que, en función de los años transcurridos desde la compra del inmueble, sirvan para calcular su revalorización en función de la situación del mercado. Según Europa Press, variarán “desde el 0,09 cuando la venta sea inferior a un año hasta el 0,60 cuando sea igual o superior a 20 años”, siendo actualizados anualmente.

Además, la agencia de noticias avanza que el incremento del valor se establecerá “por diferencia entre los valores reales de transmisión y adquisición del terreno” efectivamente satisfechos.

La intención del Gobierno es que la nueva norma se aplique con carácter retroactivo desde el 15 de junio de 2017, día en el que el Boletín Oficial del Estado publicó la sentencia del Tribunal Constitucional.

Desde la entrada en vigor de la nueva regulación, prevista para el próximo verano, los ayuntamientos tendrán tres meses para adaptar sus ordenanzas municipales, según avanza Europa Press.

Además de dar su visto bueno a la propuesta de Hacienda, la FEMP ha planteado al Ejecutivo crear un fondo de compensación por la merma económica que supone a los ayuntamientos la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional mientras que se avanza en la nueva financiación local.

 

Propuesta de los ayuntamientos

La proposición de ley que hay sobre la mesa incluye varias de las propuesta que la FEMP remitió al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la pasada primavera y de las que dimos cuenta en este blog. El documento hacía referencia a dos alternativas. Por un lado, establecer criterios objetivos para calcular la base liquidable que estén vinculados a la evolución real del mercado inmobiliario, no quedando exentas del pago del impuesto las plusvalías inferiores a un año.

Por otro, se propuso sustituir la actual base objetiva por nuevos criterios que tengan en cuenta la capacidad económica real del sujeto pasivo, valorando el incremento real del valor del inmueble mediante la diferencia ente el “valor de transmisión” menos el “valor de adquisición”. También se pedía el cobro de las plusvalías que se generasen dentro de un año y la deducción en los impuestos estales de la cuota abonada para evitar una doble imposición.

De cualquier manera, habrá que esperar unas semanas para que el Gobierno haga pública su propuesta definitiva y conocer su alcance real.