El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) supone el 28% de los ingresos de los ayuntamientos españoles. Esta es una de las principales conclusiones que se desprende del estudio Panorama de la fiscalidad local 2018 presentando por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), perteneciente al Consejo General de Economistas.

El trabajo constata que los impuestos generan el 52% de los ingresos totales de los ayuntamientos, siendo el IBI el tributo que ha sostenido buena parte de la financiación de los municipios durante los años de la crisis.

Además de esta figura, los consistorios gestionan otros dos impuestos obligatorios: el de Actividades Económica (IAE) y el de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). El informe indica que la recaudación por el IAE “viene lastrada por las exenciones”, que llegan a todas las personas físicas y a las personas jurídicas con una cifra de negocios neta inferior al millón de euros.

En relación al IVTM, destacan que, al tratarse de un tributo que deben satisfacer los titulares del permiso de circulación, aquellos municipios con tasas más bajas han atraído flotas de vehículos en busca de abaratar el pago de este impuesto.

El informe también analiza la situación de otras figuras impositivas que son gestionadas por las entidades locales. Por ejemplo, sobre el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) resalta la existencia de algunos problemas a la hora de limitar la tasa por licencia de obras y de cuantificación y revisión de la base imponible.

El trabajo también se refiere a las tasas municipales, que suponen un 13,6% del total de ingresos de los Ayuntamientos. El resultado del análisis pone de relieve que en la mayor parte de los municipios gravan los mismos servicios, aunque la forma de hacerlo es muy diferente.

 

Propuestas de los fiscalistas

Como conclusión al análisis, el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) lanzan algunas ideas para reformar la fiscalidad municipal.

Entre ellas, proponen revisar la tributación de los inmuebles que, en la actualidad, son gravados por el IBI, el IRPF a través de la imputación de rentas y el impuesto de Patrimonio.

Asimismo, consideran necesario simplificar el cálculo de cuotas y romper con la desigualdad que supone que unas empresas estén gravadas por el IAE y otras no dependiendo de su titularidad y del importe neto de la cifra de negocios, sin que se tenga en cuenta los beneficios reales.

En relación al IVTM, defienden tener en cuenta la residencia real del titular de los vehículos para evitar la domiciliación artificial y fijar unas cuotas mínimas que impidan una competencia fiscal a la baja entre municipios.

Como no podía ser de otra manera, también hacen referencia a la plusvalía tras la declaración de inconstitucionalidad de algunos preceptos que sustentaban su aplicación. Piden una rápida aprobación de las normas que regulen su gestión.

Por otro lado, abogan por el desarrollo de un marco normativo común que regule las tasas municipales más comunes y el establecimiento de tribunales económicos-administrativos provinciales que atiendan las reclamaciones de los vecinos de toda la provincia.