Las ordenanzas que regulan las tasas de residuos no tienen en cuenta criterios ambientales. Esta es una de las conclusiones del estudio Las tasas de Residuos en España realizado por el Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos impulsado por la Fundación ENT.
Tras analizar la regulación en 125 municipios, el trabajo evidencia la heterogeneidad de las normativas como consecuencia de la flexibilidad del marco legal para establecerlas.
Lo que sí es una norma habitual es la ausencia de criterios relacionados con el medio ambiente. En los servicios domiciliarios predominan las tasas fijas con una escasa presencia de algún tipo de beneficio que fomente la defensa medioambiental.
En cuanto a las tasas comerciales, su articulación suele establecerse en función de la actividad y la superficie ocupada por el negocio, sin que tampoco sean relevantes los beneficios que potencien las buenas prácticas en materia ambiental.
Según el Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos, las regulaciones no aprovechan el potencial que tiene la tasa de residuos para mejorar la gestión de los residuos. Solo e 5.7% de los municipios tiene tasas de residuos que tienen en consideración beneficios fiscales de carácter ambiental (uso de puntos limpios, compostaje casero, separación de residuos…).
Una tasa muy extendida
La tasa de residuos está presente en el 97,6% de los municipios. En el 93% de los ayuntamientos que han establecido esta figura impositiva, se diferencia entre los servicios a los hogares y servicios a los comercios.
El importe medio de las cuotas domésticas en 2019 alcanzó los 89,4€ anuales por hogar. En el 45% de los municipios, estas tasas tienen una cuota fija. En los ayuntamientos con menos de 50.000 habitantes esta opción es mayoritaria. En el caso de que existe una variación, suele estar relacionada con la localización de la vivienda, el valor catastral o el consumo de agua.
Las cuotas comerciales también discriminan en función de varios criterios, como la actividad económica, la superficie del local o el número de empleados. En este ámbito, las cuotas medias varían entre los 790,8 euros anuales de un supermercado a lo 183,1 euros anuales de una peluquería.
En general, suelen ofrecerse beneficios fiscales centrados en cuatro criterios: rentas bajas (33%), pensionistas (19%), personas en riesgo de exclusión social (17%) y familias numerosas (10%).